martes, 24 de abril de 2012

Todo vale. El fin justifica los medios.

Hace unas semanas el Gobierno Español anunció una batería de medidas encaminadas a 
reducir el déficit público. Una de esas medidas "estrella" fue el  anteproyecto de ley para combatir el fraude fiscal, más conocida como amnistía fiscal, o como diría el  señor Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, "un proceso de regularización de activos o rentas ocultas mediante la imposición de un gravamen especial".

Montoro. El Ministro de Hacienda entregó ayer los Presupuestos en el Congreso - Reuters
Por lo visto, han cambiado mucho las circunstancias desde hace dos años cuando el equipo de Mariano Rajoy, por entonces en la oposición, dirigía sus críticas hacia un rumor que hacía referencia a la implantación de una amnistía fiscal junto a una subida de impuestos, por parte del Gobierno de Zapatero.

Alfredo Pérez Rubalcaba, actual secretario general del PSOE, no ha tardado en anunciar que la oposición recurrirá la amnistía fiscal ante el Tribunal Constitucional, por considerarla "inmoral" y "desproporcionada", además de romper con el principio de igualdad de todos los ciudadanos que dicta la Constitución. Vamos, se expresa en los mismos términos que lo  hacía el partido popular años atrás.  
Dejando de lado la falta de moral y ética, en lo que la mayoría de la sociedad coincide, es necesario un análisis del contenido y  el trasfondo de este anteproyecto. A destacar sería: el límite impuesto en el pago de 2.500 euros en efectivo en operaciones llevadas a cabo por profesionales independientes o empresarios; la medida que afecta a los autónomos que cotizan por módulos excluyendo a aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares;la obligación de informar de las cuentas abiertas en el extranjero por parte de los empresarios; tributación del 10%, exenta de multas y recargos de cualquier tipo, para quién legalice sus activos ocultos.

Realizando un análisis general del proyecto se puede percibir como sólo combaten el pequeño fraude, es decir, no se lucha contra los grandes defraudadores que son los que mueven grandes cantidades de dinero a paraísos fiscales. Los perjudicados siempre son los mismos, los más débiles.
Además, cuesta asimilar que un empresario que haya ganado grandes cantidades de dinero en la economía sumergida durante la época de bonanza económica del país, tenga un arrebato de honradez y declare todos los bienes y patrimonio que posea. ¿Se imaginan a Francisco Camps o Manuel Chaves acudiendo a la agencia tributaria a declarar sus fortunas?. Desgraciadamente hace falta mucha imaginación. Como mínimo tener una del nivel de la del señor Montoro, la cuál queda reflejada en su predicción de ingresos de 2.500 millones de euros que se generarán con esta medida. 
Bueno, a lo mejor si los comparamos con el total de 80.000 millones de euros que existen en economía sumergida no son tantos, ¿verdad?. 
Pues si, aunque parezca mentira el dinero defraudado en nuestro país supone el 25% del PIB, situándonos como el décimo país más defraudador de Europa.
La cantidad estimada de recaudación, desde una visión optimista, sería insignificante respecto al total de la economía sumergida. 
Llevando a cabo la amnistía fiscal el gobierno se somete a un desgaste político y moral, en la que los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, se enfrentan a una subida mayor de impuestos y a los defraudadores se les ofrece una condenación de su delito. 

El gobierno fracasará en la lucha contra el fraude hasta que no se lleve a cabo una profunda reforma fiscal en la que se ejerza una mayor control  y penalización sobre los defraudadores. Para ello es necesario un esfuerzo de inversión en la agencia tributaria y no  recortar en la partida del presupuesto destinada a ella.
El Ejecutivo pierde con ello seriedad y credibilidad en sus políticas fiscales, siendo esto mismo lo que se le demanda desde la Unión Europea.

Todo ello nos llevará a una subida del IVA aunque nuestro presidente, Mariano Rajoy, se empeñe en negarlo.
Una subida más de impuestos, una forma fácil recaudar. Recaudar, esa obsesión del gobierno por la que se aplican medidas cortoplacistas fruto de la improvisación. Medidas que deberían de haberse tomado en la época de crecimiento económico de España, cuando la Seguridad Social dejaba de ingresar miles de millones de euros debido al fraude fiscal. Pero claro, como se ingresaba a raudales, no suponía ningún problema.
Sigamos así y veremos donde acaba todo esto. 
Nos encaminamos a una sociedad que acepta con resignación lo que dicten nuestros políticos.
Una sociedad en la que el fin justifica los medios, en la que todo vale.